Humillados e indignados
La vida de la gente está más llena de lugares comunes que de momentos excepcionales, o al menos así debería ser. Ello nada tiene que ver con el tedio, la mediocridad o una mirada conformista sobre lo deseable o lo posible. Tiene que ver con la dosis mínima de certidumbre necesaria para la vida social en común, que permite distinguir bienestar de malestar, construir mayorías legítimas y disensos democráticos, acuerdos y desacuerdos, y hacer cierta y objetiva la libertad de los individuos.
En esta perspectiva, humillación e indignación son fenómenos psicosociales que corresponden más bien a la excepcionalidad de la vida colectiva antes que a la habitualidad. Porque son sentimientos individuales frentes a ofensas, lesiones o vejaciones fuertes, que implican reacciones como el enojo, la ira o la violencia, y requieren reparación. Para enfrentarlas, cualquier sociedad de valores democráticos tiene una batería de mecanismos y respuestas, que van desde la autorregulación valórica hasta las querellas judiciales, que permiten absorberlas y resolverlas.
Si en una sociedad cualquiera tales reacciones individuales pasan a ser fenómenos de masas, con manifestaciones y gentes en las calles, estamos frente a un malestar social profundo. Y si tales manifestaciones, además, no expresan ideología política sino pluralidad de opiniones y transversalidad doctrinaria, se trata de un malestar que anuncia una crisis de legitimidad que la política y los políticos debieran advertir.
Son gente joven en su mayoría, que nunca ha leído a Hessel, ni menos a Hegel, pero creen que la educación es un derecho y que efectivamente les dará movilidad social. Que desean que no les cierren la carrera y tengan que perseguir su diploma en los tribunales. Son los humillados por la estafa de La Polar, por las listas de deudores en DICOM, por las casas COPEVA, por el tráfico político de sus daños en el terremoto, los del Edificio Don Tristán de Maipú.
En diversas columnas y a propósito de diversos temas he sostenido la tesis central de que Chile es un paraíso de los abusos. No solo del mercado sobre los consumidores, sino también de los poderes político y económico sobre los derechos ciudadanos, haciéndola una sociedad que humilla. Muchas veces he citado también la definición de Avishai Margalit sobre lo que es una sociedad decente: “Sociedad decente, dice, es aquella en que las instituciones no humillan a sus ciudadanos”.
De manera natural, vivir una humillación puede producir indignación en quien la recibe. Pero si la humillación se torna endémica y sistémica en la sociedad, y amenaza no solo los derechos individuales sino la ecología misma de la vida social, inevitablemente se va a producir una indignación colectiva. Bajo qué formas dependerá del grado de ira, frustración o daño que produzca esa humillación, pero es inevitable que se de. La historia está plagada de ejemplos.
Por lo mismo, no es necesario acudir al manifiesto de Stephane Hessel “Indignaos”, o simplificar la dialéctica de Hegel, para explicar lo que ocurre en Chile. Es simple. Los indignados chilenos son producto de las humillaciones sistemáticas a que se han visto sometidos durante ya muchos años. No son los “dinosaurios de siempre”, como dice Gonzalo Arenas. Son gente enojada que no quiere hacer una “revolución” sino simplemente que le respeten su opinión, sus derechos y su libertad.
Son gente joven en su mayoría, que nunca ha leído a Hessel, ni menos a Hegel, pero creen que la educación es un derecho y que efectivamente les dará movilidad social. Que desean que no les cierren la carrera y tengan que perseguir su diploma en los tribunales. Son los humillados por la estafa de La Polar, por las listas de deudores en DICOM, por las casas COPEVA, por el tráfico político de sus daños en el terremoto, los del Edificio Don Tristán de Maipú, los pequeños ahorrantes del Banco Estado a quienes cobraron ilegalmente tasas de mantención, los deudores de créditos universitarios, los del copago de la salud más cara del mundo, los clientes de la Compañía General de Electricidad con cobros ilegales de deudas millonarias que no son suyas, los que quieren aire limpio y las autoridades les responden con trampas ambientales en Campiche, en Puchuncaví, en HidroAysén, en la Central Castilla.
Son la gente que cree que decide con su voto y nadie le ha explicado que el sistema binominal, mediante el cual se elige el diputado Arenas y todos los parlamentarios, es la mayor humillación de la ciudadanía política que puede existir en democracia porque lesiona y tergiversa el principio de la representación. En fin, es la gente que arriesga su trabajo por formar un sindicato y luego dirigentes como Arturo Martínez los humillan con prácticas antisindicales, trampas y faltas de transparencia; o los militantes de partidos que ven como en cada elección sus oligarquías partidarias se roban los votos o dan golpes de mano para cambiar los dirigentes.
No he dicho en ninguna parte derechos humanos, aunque son los más importantes, y causa suficiente hay en el país, todavía, para sentirse humillado.
Esa masa que se moviliza en familia, más de quinientos mil el último mes en todo el país, casi con alegría pese a los problemas, no tiene fondo en Europa ni conoce a Zapatero. Le importa su vida cotidiana donde el electorado marca apenas un 50% del actual padrón, valora bajo a gobierno y oposición, apoya al movimiento gay, está por la píldora del día después, mayoritariamente no desea energía nuclear, y quiere ser un consumidor sano y vivir en una casa decente. Posiblemente algunos de ellos, también votan por usted, diputado Arenas, aunque sus intereses a usted le resulten invisibles. Es parte de lo cotidiano en el país.
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